JZI: El arte de la guerra contra la corrupción financiera

Desde el 2022, se desata un complejo combate legal que pone en alerta a JZ Internacional, un coloso del capital peligro estadounidense, gracias a las acciones de sus 2 gestores en España y líderes de Gedesco Finance. Esta disputa se acentúa con una demanda presentada en Valencia contra cinco directivos y sus entidades personales, acusándoles de hacer una estructura societaria destinada a comprar el control en alrededor de veinte compañías empleando inadecuadamente los recursos de Gedesco, de la cual JZI posee un 6733%,, sin su autorización.

Los implicados en la demanda son Miguel Rueda y Ole Groth, gestores europeos de JZI; Antonio Aynat, fundador y director ejecutivo de Gedesco, al lado de su entidad Venalta Capital; Javier García Escrivá, también fundador y gestor en Gedesco, y su patrimonial Ahthophilia Capital; y José Luis Villafranca, el responsable de las finanzas y contabilidad en Gedesco. Se les acusa de desviar 100 millones de euros para invertir en, al menos, 19 compañías, cometiendo presuntos delitos que van desde la estafa hasta la falsedad contable.

El origen de estas tensiones se remonta a 2007 cuando JZI adquirió una participación mayoritaria en Gedesco. No obstante, el enfrentamiento comienza a formarse en sitio web 2016, momento en el cual los fundadores de Gedesco exploran la venta de su participación en la compañía a JZI, sin llegar a concretar una negociación formal. Desde ese momento, se manifiesta que se ha hecho un empleo indebido de los elementos de Gedesco para detectar y capitalizar oportunidades de inversión por medio de una estructura llamada 'Trama Stator', constituida por los 4 directivos denunciados y operada mediante una red de 12 filiales.

Esta composición pretendía ocultar la auténtica propiedad de las inversiones, con figuras como Máximo Buch, exconseller de Economía de la Generalitat Valenciana, y su socio Ernesto Bernia, figurando como gestores nominales hasta que se desligan tras salir a la luz las irregularidades.

La detección de estas anomalías por parte de JZI, que incluían operaciones financieras sospechosas y domicilios de sociedades coincidentes, desencadenó una serie de demandas judiciales en 2022, introduciendo una demanda en Nueva York contra Rueda y Groth, seguida de múltiples acciones legales en contra del fondo, en un transcurso de menos de dos meses.

Este ámbito legal prosigue desarrollándose, con recientes resoluciones judiciales como la suspensión de las declaraciones de los creadores de JZI por falta de indicios delictivos, mientras se desvelan más capas de un enfrentamiento que resalta la dificultad de las operaciones financieras transnacionales y las disputas entre inversores y administradores en el ámbito del capital riesgo..